¿Se está construyendo un estado de espionaje en Argentina?

El uso de nuevas tecnologías para la vigilancia estatal inaugura nuevas preguntas sobre los límites del poder del Estado, la protección de nuestros datos y las garantías que tenemos frente a la vigilancia. ¿Qué puede hacer hoy el Estado con la enorme cantidad de información que producimos todos los días? ¿Quién puede acceder a ella? ¿Con qué objetivos? ¿Y qué controles existen para evitar que estas herramientas se utilicen para vigilarnos sin que lo sepamos?

Hoy sin que hayas cometido ningún delito, sin orden judicial y sin que lo sepas el Estado argentino puede monitorear tus redes sociales, cruzar tus datos con bases del gobierno y construir un perfil sobre vos.

Las Resoluciones 428/24 y 710/24 del Ministerio de Seguridad habilitaron el ciberpatrullaje automatizado y la creación de una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que puede analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y predecir comportamientos. En 2025, decretos presidenciales extendieron estas competencias a la Gendarmería, el Servicio Penitenciario y la Policía Aeroportuaria. Todo esto sin debate parlamentario, sin evaluación de impacto y sin ningún mecanismo para saber qué se recopila, quién lo ve o cuánto tiempo se guarda.

¿Qué significa esto en la práctica? Que no se trata solamente de que alguien mire lo que publicás en redes. Pueden recolectar información sobre vos, analizarla, cruzarla con otros datos y construir un perfil a partir de tu actividad digital. Y lo más preocupante: ese perfil puede construirse sin que sepas que existe, ni qué información contiene, ni qué decisiones puede generar sobre vos.

Estos sistemas impactan a todas las personas pero de manera diferente. Periodistas que protegen sus fuentes, abogados y abogadas cuya comunicación con clientes es confidencial, personas LGBTIQ+ cuyos datos sensibles pueden ser inferidos por un algoritmo, migrantes señalados como "de riesgo" por su origen o idioma, activistas y defensores de derechos humanos que organizan su trabajo en redes sociales: todos quedan expuestos a una vigilancia que no distingue, no protege y no rinde cuentas. Y el daño puede ser irreversible, una vez que los perfiles se construyen, quizás no se pueden deshacer.

En alianza con ODIA, el Observatorio de Derecho Informático Argentino, pasamos el último año analizando estas normativas en profundidad: qué dicen, qué habilitan y qué riesgos concretos generan para distintos grupos. El resultado es este informe: ¿Se está construyendo un estado de espionaje en Argentina?.

Junto con este informe completo elaboramos dos materiales de divulgación para entender el tema sin ser especialista. El ABC de la Vigilancia Estatal, , que explica de manera sencilla qué es la vigilancia estatal, cómo funciona el ciberpatrullaje y qué implica el perfilamiento, y Vigilancia Digital Estatal en Argentina: ¿Qué pasó y qué dicen las nuevas normas?, que reconstruye qué medidas se tomaron en Argentina y qué nuevas capacidades de vigilancia habilitan. Descargalos, leelos y compartílos. Más información pública significa más capacidad para exigir que el Estado rinda cuentas y que la tecnología no se use para vigilar sin límites.

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No se trata de estar en contra de la tecnología ni de que el Estado utilice herramientas tecnológicas para prevenir delitos graves. Pero si de atender a cuando esas herramientas se utilizan sin transparencia, sin controles, sin evaluación de impacto y sin proteger los derechos de las personas. La tecnología puede ser una herramienta para mejorar la seguridad, pero también puede convertirse en una herramienta de vigilancia masiva. La diferencia está en qué se puede hacer, quién lo controla y qué garantías existen para protegernos.