Una ley de lobby que no es para regular el lobby

Hay proyectos de ley malos. Hay proyectos de ley inútiles. Y después están esos proyectos que dicen una cosa en el título y hacen exactamente la contraria. El proyecto de "Ley de Lobby" del gobierno pertenece a esta última categoría.

Porque conviene decirlo de entrada: esto no es una ley para regular el lobby. Ayer fui a la audiencia en el Congreso donde muchas organizaciones se expresaron respecto de este proyecto. Y fue una experiencia bastante particular.

Hablaron organizaciones progresistas, liberales, institucionalistas, especialistas en transparencia, organizaciones empresarias y organizaciones de la sociedad civil. Gente que no se pondría de acuerdo ni sobre qué pedir en una pizzería. Sin embargo, acá, había un consenso casi absoluto: regular el lobby es una buena idea. Esta ley es una mala idea.

Las críticas técnicas fueron numerosas. Definiciones absurdamente amplias. Obligaciones imposibles de cumplir. Ambigüedades jurídicas. Problemas de constitucionalidad. La lista era larga. Ahora bien, hay algo que me quedó dando vueltas.

Los autores de este proyecto no son un grupo de adolescentes improvisando un centro de estudiantes. Son los equipos técnicos del Poder Ejecutivo Nacional. Gente que conoce el derecho administrativo, constitucional y regulatorio. Entonces surge una pregunta incómoda.

¿Estamos frente a una colección extraordinaria de errores técnicos? ¿O estamos frente a otra cosa?

Porque cuando un proyecto acumula tantos "errores" en la misma dirección, quizás, no sea un accidente.

Y ahí aparece el problema de fondo. Este proyecto no salió de un repollo. No está aislado. No es una excentricidad burocrática perdida en algún escritorio ministerial. Es una pieza de un esquema más grande.

Digámoslo en términos futboleros, ahora que viene el mundial. Esta ley juega de cuatro. No es la estrella del equipo. No es la figura. No es la que sale en las tapas. El diez es el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) ahora SUPER-RIGI. El RIGI es la gran apuesta estratégica del gobierno para garantizar condiciones extraordinarias para que grandes actores económicos exploten recursos, extraigan rentas y hagan negocios en Argentina.

Esta ley cumple otra función. Mientras el diez organiza el ataque, el cuatro se encarga de pegar patadas. El RIGI busca garantizar que determinados negocios ocurran. La ley de "lobby" busca garantizar que quienes quieran cuestionarlos tengan problemas.

Una verdadera ley de lobby tiene un objetivo sencillo: proteger a los ciudadanos frente a los actores más poderosos. Si una multinacional minera, petrolera, tecnológica o financiera quiere influir sobre decisiones públicas, una ley de lobby obliga a que eso quede registrado, documentado y sometido al escrutinio público.

La lógica detrás es simple: cuanto más poder tiene alguien, más transparencia debe haber sobre cómo lo ejerce. Pero esta ley de “lobby” invierte completamente esa lógica. En lugar de poner la lupa sobre los poderosos, la pone sobre quienes intentan controlarlos. En lugar de vigilar a quienes tienen recursos extraordinarios para influir, vigila a quienes ejercen derechos constitucionales básicos.

Para decirlo más claro: si Peter Thiel, por ejemplo, tiene la intención de llevarse medio país bajo el brazo, una ley de lobby debería obligarlo a rendir cuentas. Pero esta ley garantiza que pueda hacerlo mientras quienes intentan hacer preguntas quedan bajo observación.

Además, qué casualidad, existe una familia de normas parecidas en distintos países autoritarios donde los gobiernos descubrieron que perseguir abiertamente a la sociedad civil genera mala prensa, pero regularla hasta volverla irrelevante resulta mucho más elegante.

Putin impulsó una de las versiones más conocidas en 2012 con la ley de "agentes extranjeros". Después aparecieron variantes en el este de Europa. Orbán, en Hungría, tuvo que rendir cuentas ante la Unión Europea porque una ley como esta no se puede sancionar en democracia. Después, se extendió a nuestra América. En El Salvador, Bukele pasó una ley muy parecida para promover, en los discursos oficiales, la "libertad" pero la realidad es que sus críticos tuvieron que dejar el país.

Hace poco estuve en Paraguay, donde existe una legislación de este tipo. Lo que más me impresionó no fue que tengan una ley así. Fue ver cómo trabajan las organizaciones. Para tener una reunión cierran las persianas. Literal. No porque estuvieran conspirando. No porque estuvieran organizando una revolución. No porque estuvieran traficando armas. Estaban teniendo una reunión. Una simple reunión entre viejos amigos. Y sin embargo la sensación era la de una actividad clandestina, de algo sospechoso.

ESE es el verdadero efecto de estas leyes. No eliminan la crítica. La encarecen. La desgastan. La revisten de una sensación riesgosa. Generan miedo. Y cuando suficientes personas tienen miedo, la democracia sigue existiendo en los papeles mientras va desapareciendo en la práctica.

Por eso la discusión sobre esta ley no es técnica. No se trata de formularios, registros o definiciones jurídicas. Se trata de una pregunta mucho más simple: ¿se puede hacer incidencia pública en la Argentina?

Yo no hago nada clandestino. Ninguna de las organizaciones que conozco hace nada clandestino. Hacemos incidencia pública. Publicamos informes. Organizamos reuniones. Defendemos causas. Intentamos convencer a otros de nuestras ideas.

Es decir: trabajamos en democracia. Esta ley no busca controlar eso. Y por eso tiene ser rechazada.

No porque estemos en contra de regular el lobby. Sino precisamente porque estamos a favor. Y porque todavía creemos que la libertad consiste en controlar a los poderosos, no en vigilar a quienes se atreven a cuestionarlos.

Solo alguien que odia profundamente la libertad podría votar esta ley. O alguien que prefiere proteger intereses poderosos (muchas veces extranjeros) antes que los derechos constitucionales de los argentinos.

Las dos opciones son preocupantes. Pero al menos explican bastante mejor el proyecto que la teoría de los "errores técnicos".

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Junto a un grupo de organizaciones presentamos un documento que expone nuestra posición sobre le proyecto.

Partipación Vigilada

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La foto de portada es de Jacobo Tarrío, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons